Por Arturo Wallace Salinas

Más allá de los resultados de las elecciones municipales del 9 de noviembre, y de lo mucho que el proceso desnudó a los diferentes actores políticos participantes, la fragilidad del sistema electoral nicaragüense y su incapacidad para generar confianza entre la población fue una de las cosas que más quedó en evidencia.

Recuperar un mínimo de esa confianza aparece ahora como una tarea titánica, probablemente imposible sin no se produce antes un recambio de personalidades. Y si no se renuncia a la idea de que los zorros pueden ser buenos cuidadores de gallinas:

Efectivamente, la Ley Electoral nicaragüense asigna a los propios partidos políticos la responsabilidad de garantizar la limpieza y transparencia de las votaciones, así como la de proteger y garantizar el pleno respeto de la voluntad popular.
En la práctica, sin embargo, los partidos tienen motivos para defender únicamente las expresiones populares que les son favorables, e incluso intentar desconocer aquellas que le van en sentido contrario.

Este sistema, que en medio de altos y bajos funcionó más o menos adecuadamente en Nicaragua desde 1990 a la fecha, puede volverse perverso cuando hay grandes asimetrías de poder y capacidad entre los diferentes participantes de la contienda y además se limita la participación de observadores independientes -como fue el caso este 9 de noviembre.

Incluso en el mejor de los casos, esto se puede traducir en una desconfianza más que natural; y en el peor, fomentar actitudes arbitrarias que pueden ayudar a darle credibilidad a las acusaciones de quienes no están dispuestos a aceptar resultados que les son desfavorables.

La mayor afectada termina siendo al fin de cuentas la democracia nicaragüense. Y ese es un lujo que no nos podemos dar.