Gabriel Rivera Rocha

Según la Organización de Naciones Unidas la población con discapacidad en el mundo asciende a más de 650 millones de personas. Todas comparten un común denominador: “siguen formando parte de los grupos más marginados en todas las sociedades”.

Pese a la vigencia formal de sistemas internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad que reconocen la igualdad de derechos y oportunidades, en todos los países del mundo, la población con discapacidad se encuentra inmersa aún en un histórico proceso de exclusión social que genera -y a la vez es causa- de  discriminación, estigma, pobreza, marginalidad.

Nicaragua no está  exenta de esta realidad. Las personas con discapacidad de todas las edades enfrentan serias limitaciones en el disfrute de sus derechos humanos más fundamentales (educación, salud, vivienda, trabajo digno, etc.)

La calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias está asociada a las condiciones socio-económicas del país y otros factores personales, comunitarios y contextuales.  Sin embargo, las condiciones de pobreza son mayores entre las personas con discapacidad, situación que se genera a partir de un sistema excluyente que limita sus oportunidades educativas, laborales y de inclusión social.

En el imaginario social la discapacidad está cargada de interpretaciones que sub valorizan a quienes la tienen, se piensa erróneamente que no serán capaces de ser independientes, desarrollarse a sí mismas y contribuir al progreso de la sociedad.

Los niños y niñas con discapacidad frecuentemente son víctimas de discriminación  desde que nacen. Muchas familias esconden a sus hijos e hijas con discapacidad. La asistencia escolar de los niños y niñas con discapacidad es menor a la registrada para la población en general. Según el Banco Mundial, al menos unos 40 millones de los 115 millones de niños que no asisten a la escuela son niños con discapacidad.

La falta de acceso a la educación condiciona la inclusión laboral. El desempleo es generalizado en la población con discapacidad en edad de trabajar. Las empresas del sector público y privado no brindan a las personas con discapacidad las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo. 

La accesibilidad a las instalaciones públicas y privadas de uso público sigue siendo una tarea pendiente. El Estado en un reciente informe ha reconocido que “la mayoría de los edificios públicos y privados son inaccesibles, lo que representa un grave obstáculo para la libre circulación. Esto mismo sucede con aceras, andenes y caminos en todo el país”.

Un análisis más detallado de cumplimiento de toda la tipología de derechos humanos evidencia una triste realidad: las personas con discapacidad son las más excluidas, las más empobrecidas, las que menos disfrutan de la realización de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

En el trascurso de la segunda mitad del siglo XX se registraron avances en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. El reconocimiento normativo de sus derechos humanos ha contribuido a la evolución social misma del concepto de discapacidad, pasando de una lógica que anulaba las posibilidades de participación de las personas con discapacidad en la dinámica social a una que promueve su inclusión con igualdad de derechos y oportunidades.

El logro más importante en el reconocimiento universal de los derechos humanos de las personas con discapacidad es la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento del Sistema de Naciones Unidas que recientemente fue ratificado por Nicaragua y en razón del cual asume el compromiso jurídicamente vinculante de “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad".

La ratificación de la Convención constituye una gran oportunidad de potenciar el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, pero a su vez es un enorme reto para el Estado y la sociedad. El Estado nicaragüense ahora debe transformar el discurso jurídico en realidades materiales. Los derechos reconocidos formalmente deben pasar a ser parte de la vivencia cotidiana.